Denuncias por la incineración de residuos por Portland Valderrivas

Publicada el 01/10/2015

Morata de Tajuña, donde está la incineradora, cuenta con el índice más alto de muertes por enfermedad en las vías respiratorias.

l Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción contra la Comunidad de Madrid por permitir la incineración de residuos en la planta que Portland Valderrivas tiene a dos kilómetros de la localidad. Una buena noticia parauna población que lleva luchando doce años contra la incineración de residuos a las puertas de su municipio.
Morata tiene, a día de hoy, el índice más alto de mortalidad de mujeres y el mayor de hombres por enfermedades de las vías respiratoriasPortland Valderrivas, una de las principales cementeras del Estado y desde 2002 parte del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), ya intentó en 2001 usar residuos como combustible en la fabricación de cemento en la planta de El Alto, en Morata. En esa ocasión, la movilización popular paralizó el proyecto. Pero la empresa volvió a intentarlo en 2011 con una nueva memoria ambiental en la que proponía de nuevo usar material derivado de residuos, plásticos, neumáticos, lodos de depuradora, harinas animales, biomasa y vehículos fuera de uso como combustible alternativo al coque.
Los vecinos acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar  el desarrollo del proyecto, pero el escrito, acompañado de más de 5.000 firmas, fue archivado a principios de 2013 y la Comunidad de Madrid dio en septiembre su visto bueno a la incineración de residuos, decisión sobre la que ahora tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia. El argumento esgrimido desde la empresa, la búsqueda de competitividad de la planta para mantener los puestos de trabajo, no ha impedido que ésta lleve a cabo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han dejado sin empleo a más de 1.400 trabajadores. Como documentación del recurso, los denunciantes presentan un estudio de la Universidad Carlos III que expone las consecuencias que tienen los gases emitidos por las incineradoras de residuos en la salud de los habitantes de poblaciones cercanas y el aumento de las posibilidades de sufrir diversos tipos de cáncer.
“Ya tenemos bastante”, asiente a DIAGONAL Lorenzo Mora, presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña. Este municipio tiene, a día de hoy, el índice más alto de mortalidad de mujeres y el mayor de hombres por enfermedades de las vías respiratorias, según detalla el informe Atlas de mortalidad en España 1984-2004, publicado en julio por la fundación BBVA. “No nos cabe la menor duda de que estas cifras son por la actividad de la cementera”, dicen desde la Asociación, que está dispuesta a ir hasta el Tribunal Europeo, por lo que están recaudando dinero para poder hacer frente a las tasas judiciales y otros gastos. No son los únicos que han acudido a la Justicia contra la incineración de residuos de Portland Valderrivas. En junio de 2013, 500 familias denunciaron al Gobierno de Navarra ante el Fiscal General del Estado por permitir que la cementera incinerara residuos en su planta de Olazagutia.
Más incineradoras en Madrid
La quema de residuos en Morata ha comenzado cuatro meses después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de duplicar la capacidad de incineración en Valdemingómez, instalación gestionada por el grupo ACS a través de Tirmadrid, que recibe los residuos de la capital, Arganda y Rivas, y cuyas irregularidades también han sido denunciadas por colectivos de la zona.
En 2005, FCC se introdujo también en el negocio de Valdemingómez. El grupo se hizo con el contrato para la construcción de una de las dos plantas de biometanización, la de Las Dehesas, por 25,6 millones de euros, mientras que ACS –a través de sus filiales Urbaser y Geocisa– y Sacyr se quedaban con la construcción de la planta de La Paloma por 25,4 millones. La obra, financiada en un 80% por fondos europeos, tardó siete años en concluirse, con un coste final de 112 millones de euros, más del doble de lo contratado, para pasar a ser explotada por las mismas empresas que las habían construido por 93 –FCC– y 61 millones de euros –Sacyr y ACS–. De los 22 millones previstos que se iban a generar a través de la producción de biogás con basura, en diciembre el municipio sólo había ingresado 738.000 euros.
En 2008, FCC siguió aumentando su presencia en la gestión de residuos de Madrid con la adjudicación de la construcción y explotación del complejo de la Mancomunidad del Este durante 24 años por 21,2 millones por año, un proyecto que se intentaría cambiar de ubicación, con una nueva instalación en Loeches, y en el que se incluiría una planta de incineradora con plasma. “Hicimos marchas a Loeches y conseguimos que se paralizara el proyecto”, explica Raquel Ruiz, de Medio Ambiente Sol, quien afirma que la Manco¬munidad y FCC trabajan en otro proyecto de instalación, también en Loeches. “No nos quieren dar ningún tipo de información, todo es totalmente opaco”, afirma Ruiz.
Lo que sí se ha cerrado es la construcción de un nuevo vaso del vertedero por el que FCC cobrará 10,4 millones de euros. Después de tres denuncias interpuestas ante el fiscal general y de Medio Ambiente por irregularidades y opacidad en la información sobre las instalaciones, que ya han sido archivadas, el colectivo presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que denunciaban a la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de la Mancomunidad del Este por trato de favor a FCC.


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